En medio de una profunda crisis política, económica y humanitaria, Venezuela sigue enfrentándose a una grave situación de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de comisión de crímenes de lesa humanidad. Nuevamente evidenciada con la política de terrorismo de Estado, como la ha caracterizado la CIDH, que se han instaurado a propósito del contexto postelectoral y el desconocimiento de la voluntad popular expresada el pasado 28 de julio. Esta crisis multidimensional, caracterizada desde 2016 como una emergencia humanitaria compleja, fue uno de los principales catalizadores de la movilización electoral venezolana que buscó a través del voto, un cambio político que derivara en mejoras de la calidad de vida.
En la Venezuela contemporánea, donde la represión política ha exacerbado las tensiones y sigue fracturando el tejido social, la justicia y la verdad son fundamentales para avanzar hacia una reconciliación duradera y la paz sostenida que sigue añorando el país.
Ante esta realidad, en la que además las dinámicas políticas se mueven, avanzan y moldean, es imperativo destacar la importancia de los mecanismos internacionales de investigación que han jugado un rol fundamental en la visibilización de la crisis de abusos y opresión en Venezuela y han procurado la creación de un registro que promueve la rendición de cuentas y la memoria. Entre ellos, la Misión Internacional de Determinación de los Hechos (FFM).
El 2024 ha sido un año decisivo para la historia venezolana. Por supuesto, las elecciones presidenciales fueron un hito trascendental y los efectos de la apuesta ciudadanía y movilización social alrededor del voto así como la arremetida por parte de los instituciones del Estado en contra de la decisión democrática en favor de la alternancia, se siguen sintiendo y continúan determinando el curso de los acontecimientos nacionales e internacionales de la crisis. Sin embargo, también es trascendental los esfuerzos de articulación social y diplomática para la renovación de la FFM, pues asegurar su extensión contribuiría en diferentes niveles a reforzar las garantías del complejo panorama político-electoral que afecta al país y abonaría al gran proyecto de reconstrucción de las instituciones democráticas en el futuro.
En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil venezolana que tanto se han apoyado de los mecanismos internacionales y han motorizado exitosamente su accionar, en materia de denuncias a graves violaciones de derechos humanos y búsqueda de la justicia, han encontrado otro objetivo que las convoca: un esfuerzo colectivo por lograr, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la extensión del mandato de la FFM. No solo los episodios de escalamiento de las tensiones políticas que se vivieron previamente a la celebración de las elecciones, sino además la reacción cruel y desproporcionada del poder que busca bajo toda circunstancia mantener su control sobre el Estado y sus instituciones, demuestran que el mandato del mecanismo se encuentra más vigente que nunca y cobra incluso más sentido en el difícil escenario en el que se adentra el país y el nuevo capítulo de represión y violaciones que inició luego de las elecciones presidenciales.
Los sectores de la sociedad civil que abogan por la justicia internacional, coinciden en que esta acción no solo es clave para abordar las violaciones de derechos humanos cometidas, sino también para preservar un elemento fundamental en la búsqueda de una transición democrática en Venezuela. Además, el trabajo de la FFM en este contexto proporcionaría insumos valiosos para que diversos actores de la comunidad internacional continúen sus esfuerzos en pro del cese de la represión y la superación de la crisis con una perspectiva centrada en los derechos humanos y la democracia, contribuyendo así a una estrategia más amplia de reconocimiento de la voluntad popular y al inicio del proceso de fortalecimiento institucional en el país.
Dada la historia de actos de persecución, represión y violaciones de derechos humanos durante los períodos electorales anteriores, y todo lo que ha sido patente luego de las elecciones del 28 de julio, es fundamental seguir contando con un mecanismo independiente y efectivo que en tiempo real tenga capacidad y mandato para documentar y denunciar los más atroces abusos. En ese sentido, existe un consenso entre la sociedad civil que la renovación de la FFM permitiría continuar con la labor de investigación y documentación de violaciones de derechos humanos durante el contexto postelectoral y los nuevos procesos que sigan este triste episodio del horror que se sigue viviendo en Venezuela, proporcionando una base de evidencia sólida para la rendición de cuentas y la no repetición. Garantizar la continuación de la FFM es decisivo para asegurar la misma vigilancia que hemos visto en los últimos 5 años y que ha servido además para documentar las violaciones y crímenes que han ocurrido con el desenlace de las elecciones presidenciales, durante un nuevo panorama que se abre en la historia contemporánea de Venezuela, que sigue siendo incierto pero que demuestra requerir el más especializado escrutinio y acompañamiento. No hay razones que disputen la imperante necesidad de que la FFM siga allí para monitorear los eventos que se desarrollan alrededor de las iniciativas que buscan la transición democrática que el pueblo venezolano eligió en un contexto en el que la violencia estatal la pone en constante y tenaz acecho.
Un balance entre la disuasión y la necesidad de persistir en la lucha por la justicia y la democracia
La presencia de la FFM durante los últimos 5 años ha demostrado que es posible que mecanismos de esta naturaleza desplieguen un papel disuasivo que lleve a una disminución de los crímenes cometidos por el aparato represivo del Estado, sin embargo, los más recientes acontecimientos han también puesto de relieve que ello no ha significado el desmantelamiento real de las estructuras represivas en el país, ya que las violaciones a los derechos humanos siguen ocurriendo y se recrudecen y sofistican cuando de la batalla electoral y la supervivencia política se trata.
Es por ello que esta dualidad es más que pertinente en las circunstancias actuales. Por un lado, la FFM seguirá enviando un mensaje a los perpetradores sobre la responsabilización de sus acciones, impactando en la comisión de nuevos abusos. Y, por otro lado, este compromiso por la justicia no es solo por las víctimas del pasado, sino también por las del futuro. La FFM contribuye a que contemos con un legado de conciencia, fórmulas y recetas que arrojen luces sobre cómo prevenir efectivamente que hechos y atrocidades que afecten el funcionamiento democrático vuelvan a suceder en el futuro cuando Venezuela inicie nuevamente su era democrática.
Tras 5 informes y 4 actualizaciones orales presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el mecanismo ha probado ser una plataforma para la verdad, la justicia y la reconciliación. Hasta ahora, ya ha contribuido en proporcionar insumos que sirven para establecer una base sólida para la reconstrucción de la democracia y el respeto por los derechos humanos en Venezuela a través del repertorio de recomendaciones que ha emitido en sus informes. Para esta ocasión, la FFM podrá retratar, además, de forma más especializada, el patrón que se hace presente en los momentos electorales, los posibles saldos y las contramedidas para hacerle frente y evitarlo.
La voz de la FFM y las tantas historias que han quedado reflejadas en sus informes y las que harán parte en su renovado mandato, son cruciales para que en Venezuela se avance en alcanzar acuerdos políticos que tengan en su centro la justicia y los derechos humanos, que luchen contra la impunidad, que permitan una memoria histórica, que permita el acceso y disfrute igualitario de todas y todos los venezolanos de sus derechos y que vengan acompañados de garantías de no repetición. La FFM y sus aportes son un aliado fundamental en ese esfuerzo.
Asimismo, la colaboración de la sociedad civil con la FMM seguirá apoyando la construcción de una cultura de derechos humanos y democracia en el país. La sociedad civil, al tener un canal institucional, objetivo, con autoridad y capacidades, podrá involucrarse una vez más en la documentación de abusos y la defensa de las víctimas, ahora con un reforzado prisma político-electoral. Esta labor, promoverá conciencia pública sobre la importancia de respetar los derechos humanos y fortalecer el Estado de Derecho, como cimientos fundamentales de la democracia. Esta conciencia pública es a su vez fundamental para seguir consolidando el apoyo popular y la presión política interna e internacional hacia el fortalecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de las libertades en Venezuela.
Los diversos sectores de la sociedad civil organizada que colaboran con la FFM, también fomentan la participación activa ciudadana, que encuentra espacios seguros y auténticos en los que pueden comprometerse en la defensa de valores democráticos, como los derechos humanos y la justicia, en especial en el contexto actual de cierre definitivo del espacio cívico que se ha consolidado con la reciente aprobación de la Ley AntiONG. La sociedad civil, al empoderar a las comunidades afectadas y promover la participación en el proceso de rendición de cuentas, fortalece la capacidad de las personas para hacer valer sus derechos e imprime en ellos la agencia necesaria no solo para ese propósito sino también para promover y exigir condiciones electorales justas y adecuadas a los estándares internacionales que puedan derivar en la superación pacífica de la crisis y finalmente en un impacto positivo en la vida de las y los venezolanos. La participación ciudadana en esta dimensión es esencial para construir una democracia vibrante y participativa en la que todas las voces sean escuchadas y respetadas.
Si bien respecto de Venezuela se han acumulado un conjunto de exámenes y decisiones que reconocen el sistema de violaciones de derechos humanos y la ruptura democrática de las instituciones, lo cierto es que estos procesos son intrínsecamente complejos y requieren un compromiso coherente y sostenido a lo largo del tiempo que, como la realidad ha demostrado, no se agota con un pronunciamiento.
Es necesario, que la historia de las víctimas no quede estática y se siga proporcionando una explicación de las infraestructuras represivas que sugiera un porqué del sistema, su funcionamiento y métodos de cómo enmendarlas. La FFM precisamente ha servido para contribuir a este importante eslabón de la cadena de la lucha por la transformación democrática de Venezuela.
La FFM al documentar los abusos y proporcionar una base de evidencia fáctica y contextual sólida, puede contribuir a este proceso de fortalecer la narrativa compartida sobre lo que ocurrió y las correspondientes responsabilidades, generando una hoja de ruta colaborativa que es trascendental para seguir luchando por la superación de la crisis de forma pacífica, institucional y democrática. Su intervención luego de lo vivido después de las elecciones presidenciales del 28 de julio y lo que veremos de ahora en adelante es, más que nunca, definitoria para el futuro del país y la efectiva reparación de las víctimas.
