El llamado orden liberal internacional está en crisis y la película se mueve muy rápido. Lo que antes era estabilidad hoy es fragmentación, y lo que parecía consenso ahora es disputa.
Estados Unidos redefine su política exterior desde una lógica de seguridad y competencia. China gana influencia sin exigir reformas democráticas. Europa, con sus propios desafíos internos, intenta mantener una voz ética, pero su capacidad de acción se debilita. En ese tablero, América Latina aparece como un campo de disputa y no como un actor. Y sin liderazgo regional real, más allá de las aspiraciones, es difícil contrarrestar los efectos de esta reconfiguración.
La región necesita inversiones y cooperación, sí. Pero también necesita democracia, institucionalidad y dignidad. No queremos ser el patio trasero de nadie. No se trata solo de cuánto dinero entra, sino de con qué condiciones, con qué narrativas y con qué impacto social. Porque la guerra comercial y los cambios en las prioridades de la cooperación no son neutros: afectan nuestras economías, nuestras políticas y sobre todo, a nuestras poblaciones más vulnerables.
La cooperación internacional fue durante décadas una apuesta política para vincular ideales globales con luchas locales. En América Latina, ayudó a sostener democracias emergentes, impulsó agendas de derechos humanos y acompañó a una sociedad civil que resistía el autoritarismo. Pero hoy ese andamiaje se tambalea.
En este nuevo escenario geopolítico, la región enfrenta un dilema complejo: ¿cómo no importar tensiones ajenas cuando el conflicto entre Estados Unidos y China ya se manifiesta en inversiones, infraestructura y comercio? ¿Cómo garantizar los beneficios de la integración sin quedar atrapados en la lógica de bloques enfrentados? No es solo una pregunta económica, es una pregunta de soberanía y de proyecto político.
Mientras ocurre esta transición, el desarrollo económico se presenta como un terreno en disputa. Y el sector privado tiene aquí un rol clave. No nada más como un actor filantrópico, sino como socio estratégico de una democracia plural y sostenible. En Venezuela, por ejemplo, muchas empresas temen al involucramiento por la persecución. Pero la historia nos muestra que sin una sociedad civil fuerte, el autoritarismo avanza. Las organizaciones que trabajan por derechos, justicia e inclusión no pueden, ni deben, cargar solas con esa defensa.
Necesitamos construir sinergias entre el sector empresarial, la cooperación al desarrollo y la sociedad civil. Un triángulo virtuoso donde se promuevan prácticas responsables, inversiones con sentido y políticas que respeten el Estado de derecho. No se trata sólo de evitar retrocesos, sino de imaginar un modelo nuevo, más justo y más resiliente.
Y en ese modelo, debemos incluir a quienes ya enfrentan su propia desaparición política. Las comunidades LGBTIQ+, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las juventudes organizadas: su voz no puede seguir siendo decorativa. Si queremos hablar de libertad, tiene que ser para todas las personas. Si hablamos de cooperación, debe ser con ellas, no solo para ellas. No se puede defender la democracia silenciando a quienes luchan por existir.
Hoy más que nunca, la región enfrenta una oportunidad única. Tenemos un bono demográfico que podría ser una palanca de transformación. Pero eso requiere educación, requiere visión, y sobre todo, requiere voluntad política. No podemos seguir exportando talento mientras importamos tensiones. No podemos resignarnos a una cooperación tecnocrática que olvida el alma democrática del desarrollo.
La pregunta de fondo no es técnica, es profundamente política: ¿qué tipo de sociedad queremos construir en medio del colapso del viejo orden? ¿Una que se adapte a la lógica del miedo y la competencia? ¿O una que, desde su diversidad, se atreva a levantar una voz propia?
Tal vez el cambio no venga de los grandes donantes, ni de los gobiernos, ni de las cumbres internacionales. Tal vez venga de abajo, de las comunidades, de las alianzas inesperadas, de quienes todavía creen que la dignidad puede ser una política pública.
La cooperación debe ser más que una transferencia de fondos. Debe ser una apuesta por el futuro, una defensa activa del derecho a tener derechos. Y en ese camino, necesitamos más que nunca unir fuerzas: con las empresas que entienden su rol social, con los gobiernos que aún creen en la institucionalidad, con la sociedad civil que nunca ha dejado de resistir.
En tiempos de incertidumbre, lo más estratégico es no perder el alma democrática. Porque sin derechos, sin inclusión, sin voces diversas, cualquier desarrollo es solo crecimiento sin sentido. Y eso, América Latina ya lo ha vivido antes.
Estas reflexiones parten de la invitación que nos hace Ideas por la Democracia para que un grupo de “Voces en Resistencia” conversemos sobre los desafíos de la actual coyuntura y compartamos visiones y “Apuestas por el futuro”.
