Si se materializa el desconocimiento de la voluntad popular, con la juramentación de Nicolás Maduro como presidente para el período 2025-2031, el país repetirá una fase que creía olvidada en su historia: Ser regida por un gobierno de facto, sin legitimidad de origen basada en el uso y la amenaza de la coerción y la violencia. Venezuela, la región y el mundo tienen el compromiso de defender las democracias frente a los autoritarismos.
El 28 de julio, a pesar de todos los obstáculos que impidieron la realización de un proceso electoral con garantías para una participación libre y sin coacción, la población venezolana acudió masivamente a votar para expresar su deseo de cambio. Quedó demostrado, con el margen de votos más importante y contundente desde 1958, que Venezuela eligió la libertad, la justicia y la democracia. Casi 7 millones y medio de venezolanos depositaron su confianza en un liderazgo emergente, consecuencia de unas elecciones primarias, cuyo mensaje logró que se tradujera en las urnas electorales el deseo de reconstruir un proyecto de país inclusivo, democrático y de respeto a los derechos humanos.
Al decidir ignorar la voluntad popular a través del falseamiento de los resultados electorales, por parte del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, en lo que constituye el fraude electoral más grotesco en la historia contemporánea latinoamericana, la élite oficial decidió darle la espalda al país y quedarse en el poder indefinidamente a través del uso de la fuerza.
La asistencia electoral masiva y comprometida, la recolección de las actas de escrutinio por parte de los testigos electorales y las protestas populares en rechazo al fraude ocurridas en todo el país los días 29 y 30 de julio, constituyeron una gesta ciudadana que ratifican que el espíritu del 28J, basado en la organización y participación de las mayorías en defensa de su derecho a tener un futuro con dignidad, no será aplacado por ningún autoritarismo y se mantendrá como la base de la reconstrucción de Venezuela.
En las semanas previas al 10 de enero las autoridades han tomado decisiones para darle sustento a un gobierno de facto. La aprobación de leyes regresivas y la amenaza de una reforma de la Constitución de 1999, buscan profundizar el cierre del espacio cívico y transgredir, aún más, derechos humanos, entre ellos, el de libertad de asociación y reunión.
La aplicación de la llamada “Ley Libertador Simón Bolívar” ha promovido un mayor nivel de censura y autocensura. La sociedad civil, como la hemos conocido, se encuentra amenazada por una ley que regulará su funcionamiento. No obstante, a pesar de entrar en la hora más oscura de la historia venezolana, seguimos comprometidos con ser promotores de la esperanza. Tenemos la convicción de que podemos y vamos a lograr el cambio.
Mantendremos la exigencia de que se respete el derecho a elegir y a ser elegido; que se garantice el derecho a la protesta pacífica; que se respete la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, la liberación inmediata de todos los presos políticos y que la soberanía siga radicando en el pueblo. Los venezolanos nos mantenemos firmes en nuestra genuina aspiración a disfrutar del derecho a vivir en democracia.
Instamos a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para apoyar al pueblo venezolano, exigiendo a las autoridades el cumplimiento de sus compromisos internacionales, generando mecanismos de presión e incidencia para impedir o disminuir el abuso de poder y las graves violaciones de derechos humanos.
La normalización del fraude venezolano debilitará la democracia en toda la región, generando un precedente sobre la realización de procesos electorales sin garantías democráticas ni publicación fiable y transparente de sus resultados. Por ello, tanto los gobiernos comprometidos con la democracia, como las instancias internacionales de protección a los derechos humanos y los movimientos sociales de la región deben reinventar mecanismos de abordaje e intervención a los autoritarismos emergentes, que vienen debilitando el derecho de los pueblos a vivir en democracia.
(*) Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento es una denominación genérica mediante la cual, ante la total ausencia de estado de derecho, varias organizaciones nacionales de derechos humanos realizan investigaciones y se posicionan públicamente, protegiendo a sus miembros dentro de Venezuela.
