Pasó lo que pasó el 28 de julio. Venezuela vivió un momento de ruptura simbólica y política. A pesar del cerco institucional, de las inhabilitaciones, de los obstáculos impuestos por el poder, la mayoría del país decidió participar y votar con esperanza. Lo hizo bajo la premisa de que una movilización masiva y una oposición unida podían derrotar al autoritarismo por la vía electoral.
El 28 de julio representó un hito en la historia política venezolana. El pueblo se expresó de manera clara y contundente. Pero el poder no lo reconoció. Respondió con represión, censura, persecución judicial y manipulación del proceso. En lugar de una transición, lo que vino fue una ofensiva brutal para borrar esa expresión ciudadana. Organizaciones nacionales e internacionales han publicado informes que documentan lo ocurrido: el socavamiento de las garantías democráticas, la violación sistemática de derechos humanos y la consolidación de un modelo autoritario que criminaliza la participación.
Y es en ese contexto donde el régimen plantea ahora una nueva elección, otro evento electoral sin condiciones, sin garantías, sin justicia. Otro dilema para la ciudadanía: ¿participar o no participar?
Pero reducir esta coyuntura a una disyuntiva binaria de “votar o no votar” es precisamente caer en la trampa del autoritarismo. Porque no se trata solo del voto: se trata del sentido del voto. En contextos autoritarios, ejercer un derecho puede ser un acto simbólico de resistencia, pero sólo si va acompañado de una narrativa que denuncie que ese derecho está siendo vulnerado. Votar, cuando no hay garantías, sólo tiene sentido si expresa protesta, no sumisión. De lo contrario, en lugar de preservar nuestros derechos, corremos el riesgo de legitimar su vaciamiento.
Aquí no puede haber una contradicción entre la paz y los derechos humanos. Una paz sin derechos no es verdadera paz, es sumisión y miedo institucionalizado. Muchos candidatos hoy insisten en que su participación es lo único que pueden hacer, que “algo tiene que hacer”, que prefieren estar “adentro que afuera”. Pero si esa participación no viene acompañada de una denuncia explícita, firme, constante de la violación de derechos y de la falta de garantías, entonces sin querer —o sin querer verlo— se convierten en piezas del sistema que dicen querer cambiar. Y así, esa narrativa termina pareciéndose más a la paz autoritaria que a una estrategia de democratización real.
Por eso, a esos líderes les decimos con respeto, pero con claridad: no es la participación como sea y cuando sea lo que los invalida, sino la forma en que esa participación contribuye a normalizar lo inaceptable.
Hay otra forma. Hay espacios aún posibles, aunque sean difíciles, para ejercer una creatividad democrática que no legitime el fraude, que no silencie lo ocurrido el 28 de julio, que no abandone los derechos ni se conforme con la “paz autoritaria”.
Estrategias, las hay:
La memoria activa y relato coherente: Reivindicar el 28 de julio como un hito político. Crear una narrativa común que denuncie lo ocurrido sin ambigüedades, documente las violaciones y las presente ante la comunidad nacional e internacional como evidencia del quiebre entre el poder y la ciudadanía.
Una nueva ética de unidad: La unidad opositora no puede ser solo electoral. Requiere principios comunes, una ética de resistencia y un pacto explícito de no normalización del autoritarismo. Esa unidad puede implicar abstención activa o posicionamientos simbólicos, pero nunca colaboración silenciosa.
Construcción de paz desde los derechos: No se trata de elegir entre paz o derechos. Se trata de construir la paz de los derechos, esa que no es fácil, ni cómoda, ni inmediata, pero que es la única que puede sostener una democracia verdadera. Requiere valentía, pedagogía ciudadana, y una estrategia internacional coherente.
¿Qué deben significar estas elecciones en el relato nacional e internacional?
No deben interpretarse como un regreso a la normalidad institucional. Deben ser visibilizadas como una continuidad del desmontaje democrático. A nivel internacional, deben denunciarse como parte del patrón sistemático de autoritarismo electoral. Y para los venezolanos, deben recordarnos que el derecho al voto solo tiene poder cuando se conecta con una narrativa de verdad, dignidad y memoria.
A los políticos democráticos, recuperen el coraje de imaginar otra estrategia. No es tarde. El autoritarismo quiere que crean que no hay opciones. Pero siempre las hay. Crear nuevos relatos, construir ciudadanía, activar redes de documentación, articular solidaridad internacional, todo eso también es hacer política.
La democracia no es un evento ni solo una boleta electoral. Es una forma de vida que requiere lucha, consistencia y conciencia. Venezuela no es una causa perdida. En medio de este nuevo dilema electoral, debemos elegir la dignidad, la memoria y la acción colectiva. No se trata solo de votar o no votar. Se trata de cómo seguir luchando sin legitimar lo ilegítimo. Se trata de construir, aunque cueste, una paz verdadera: la paz con justicia y respeto a los derechos humanos.
